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¿Que

El fracking o fractura hidráulica es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural y petróleo del subsuelo a grandes profundidades.  En España se quiere aplicar fundamentalmente para extraer gas de lugares donde no sería rentable hacerlo mediante técnicas convencionales. Para utilizar el fracking se deben abrir pozos por los que se  inyecta agua, arena y aditivos químicos a presión en el terreno con el objetivo de facilitar la salida del gas natural hacia el exterior. La mayor parte de los  productos químicos inyectados se quedan en el terreno y otros se liberan a la atmósfera con la extracción del gas natural. Esto provoca una contaminación del subsuelo, de los acuíferos, de la atmósfera y en general del medio ambiente. La fracturación hidráulica consume unas enormes cantidades de agua que deben ser llevadas hasta la boca del pozo.

Varios pozos de fracking cerca de Dallas en USA, con las balsas de agua para su fracturación. Foto: Lars Plougmann (Flickr)

Obviamente las grandes compañías petrolíferas y gasistas están muy interesadas en esta técnica porque les permite obtener nuevos recursos energéticos a precios muy asequibles, que de otra manera no podrían conseguir, y están presionando a todos los gobiernos para conseguir licencias de extracción en todo el mundo. En Estados Unidos, donde nació esta técnica, está siendo ámpliamente utilizada desde que la administración Bush le dió vía libre, liberándola de cumplir con las normativas de protección medioambietal. Como ejemplo se puede mencionar el informe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU donde se asocia el fracking con la contaminación de las aguas subterráneas en el estado de Wyoming.

En Europa no existe una regulación específica sobre la técnica del fracking, pero países como Francia, Holanda, Luxemburgo o la República Checa lo han prohibido en su territorio. Otros países como Alemania donde inicialmente se concedieron licencias de explotación, han dado marcha atrás decretando una moratoria que finalmente ha terminado con la prohibición del fracking en zonas cercanas a acuíferos y pozos de agua y están obligando a las compañías explotadoras a realizar exhaustivos estudios de impacto ambiental antes de conceder ningún permiso más. Otro ejemplo europeo es Austria donde se ha regulado el fracking con unas condiciones que garantizan un impacto ambiental muy limitado y esto ha hecho que no sea económicamente viable y las empresas no lo estén explotando.

En España no hay ninguna normativa nacional que regule el fracking, y el Gobierno ha rechazado prohibirlo a nivel estatal, son las comunidades autónomas las que están publicando sus propias regulaciones. El gobierno de Cantabria aprobó la Ley en la que se prohíbe la técnica del fracking, al igual que en Navarra, mientras que en el País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana se están concediendo permisos de investigación, pese a la disconformidad de diversas organizaciones y a la falta de estudios de impacto ambiental específicos que determinen el impacto exacto de esta técnica en las aguas subterráneas y en el medio ambiente.

Hay otros riesgos aparte de la contaminación de los subsuelos y de los acuíferos que el Parlamento Europeo menciona en su informe de 2011 (elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria) y que son la emisión de contaminantes a la atmósfera, las fugas de líquidos de fracturación, la utilización de más de 600 productos químicos, y el riesgo sísmico que se puede producir al realizar desplazamientos de materiales en el subsuelo.

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El Blog de la Energía Sostenible

¿Qué es la energía eólica marina?
Básicamente, podemos definir la energía eólica marina, también conocida como eólica en alta mar u offshore, como la obtenida a partir del aprovechamiento del viento del mar.

A diferencia de los parques eólicos terrestres, constituyen centrales de este mismo tipo instaladas en los océanos para aprovechar la fuerza del viento en el entorno marino. No en vano, incluso llega a doblarse la potencia obtenida gracias a su forma de soplar, más frecuente y constante que en la tierra.

La infraestructura en el mar es más costosa que en tierra firme, pero también es superior su rentabilidad. En principio, las turbinas suelen fijarse sobre un dique seco que se ubica en la plataforma marina, y ello influye en su menor altura, si bien los aerogeneradores pueden ser más grandes.

Mayor producción

Al margen del mayor o menor impacto sobre el ecosistema en el que se sitúan, un asunto muy polémico en ocasiones, se trata de una fuente de energía eléctrica sostenible que tiene ventajas similares a la opción terrestre, si bien la capacidad de producción es mayor.

La amortización de las turbinas, pongamos por caso, nos da una clara idea de su gran sostenibilidad, pues cada una de ellas puede producir la energía gastada en su creación en no más de tres meses de funcionamiento, cuando su vida útil ronda los 25 años. Con respecto a los combustibles fósiles, por ejemplo, su impacto ambiental es mucho menor.

¿Qué es la energía eólica marina?
Lógicamente, la elección de una adecuada ubicación es fundamental para obtenerse buenos resultados, si bien no resulta nada fácil encontrar lugares libres, que no se encuentren en medio de rutas marítimas comerciales, que molesten a la actividad pesquera o que no estén protegidas. En este aspecto, por otro lado, Europa destaca a nivel mundial.

Por último, señalar que la distribución de la electricidad producida se realiza mediante su evacuación desde su centro de transformación mediante por redes eléctricas, hasta su destino: hogares, alumbrado público, fábricas, etc.

¿Qué es la energía eólica marina? es una entrada publicada en Energías Renovadas
Energías Renovadas

El principal argumento en contra del uso de la energía nuclear se centra en esto: ¿qué hacemos con los residuos radiactivos? La larga vida de los restos y su complicada gestión se unen a dos experiencias traumáticas que el imaginario colectivo tiene muy presentes: el uso con fines bélicos en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y el incidente de Chernóbil, en Ucrania.

Sin embargo, en España, todos los residuos radiactivos están claramente inventariados, se conoce con exactitud dónde y quién los genera, y están bajo las constantes miradas de Enresa, la empresa estatal que gestiona los restos, y el Centro de Seguridad Nuclear. Los protocolos de garantía son altos: España es el país más avanzado del mundo en materia de protección radiológica.

            

¿Qué es un residuo radiactivo? No sólo el combustible gastado de una central nuclear, sino cualquier material de desecho para el que no está previsto ningún uso y que contiene niveles de radiactividad superiores a los reflejados en la legislación. Existen dos tipos de residuos: los de baja y media radiactividad, y los de alta. En España, se producen anualmente 1.700 toneladas, lo que equivale a cuarenta gramos por persona.

La radioactividad está presente en todas partes, no sólo tiene un origen artificial, sino también natural: en la corteza terrestre, en la atmósfera e, incluso, en las personas. Todos tenemos potasio radiactivo en nuestro organismo a niveles ínfimos.

De cualquier manera, los residuos de baja radiactividad, el 95% del total de los que se producen, proceden de la actividad de centrales nucleares, hospitales, laboratorios y centros de investigación. La retirada y acondicionamiento de estos desechos forma parte de un proceso tecnológico resuelto y operativo en España: Enresa cuenta con el Almacén Centralizado de El Cabril, en Córdoba.

Este tipo de restos están constituidos, en su mayoría, por líquidos, herramientas usadas en centrales, material médico y remanentes de laboratorios. Tienen una vida máxima de 300 años y su gestión está solucionada hasta 2025, momento en el que El Cabril alcance su tope.

Los residuos de baja y media actividad se introducen en un lecho de hormigón en el interior de bidones, y se transportan en camiones diseñados para asegurar el traslado hasta el almacén. Enresa lleva a cabo trescientos transportes al año.

Una vez en El Cabril, los bidones se descargan por control remoto y se introducen en cubos de hormigón. En cada cubo, sellado con mortero, caben 18 barriles. A su vez, 320 cubos se introducen en una estructura de almacenamiento con paredes de hormigón. El centro cordobés tiene capacidad para 28 de estos armazones.

Cuando El Cabril haya alcanzado su tope de almacenamiento, se cubrirá el conjunto con estructuras drenantes y, después, con una cobertura de tierra vegetal. Además, se integrará en el paisaje con la plantación de especies autóctonas. Desde ese momento, se pondrá en marcha un programa de control y seguimiento. Deberá ponerse en macha entonces otra instalación, cuyo emplazamiento aún está por determinar.

Pero hay otro tipo de residuos cuya gestión es un poco más delicada: los de alta radiación. Éstos proceden del combustible gastado por las centrales nucleares. Representan el 5% de la producción, y al año se generan 160 toneladas. Hasta ahora, se almacenan en las piscinas de las centrales nucleares, a la espera de la creación de un almacén centralizado (ver noticia relacionada).

En la gestión de estos desechos existen dos etapas: una temporal, para la que hay tecnologías disponibles y con experiencia operativa; y una fase final que está en fase de investigación. La complejidad de una solución final para estos residuos de larga vida (miles de años), tanto desde un punto de vista técnico como de aceptación social, ha dificultado el desarrollo de programas definitivos.

OBJETIVO

En materia de seguridad, el objetivo al tratar estos residuos es proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes ahora y en el futuro, sin que supongan cargas indebidas para las generaciones futuras, apuntan desde el CSN, el Centro de Seguridad Nuclear.

Este objetivo ha sido regulado en una serie de principios de protección y bases éticas y medioambientales desarrollados por organismos internacionales como CIRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica), OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OCDE/AEN (Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y la CE (Comisión Europea).

En España, el CSN es el gran hermano de los residuos radiactivos. Entre las misiones encomendadas a este organismo se encuentra la de supervisar las medidas de protección radiológica del público y del medio ambiente, así como controlar y vigilar las descargas de materiales radiactivos al exterior de las instalaciones nucleares y radiactivas.

También se encarga de la calidad radiológica del medio ambiente en todo el territorio nacional, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en esta materia, así como colaborar con las autoridades competentes en los aspectos de vigilancia radiológica.

Además, “desde hace ya diez años, en España a raíz del incidente de Acerinox (un incidente de contaminación radiactiva que ocurrió en Huelva en 1998), se firmó un Protocolo Voluntario por parte de las diversas administraciones y los sectores afectados en el que se establecieron los medios y mecanismos para vigilar los materiales metálicos, lo que ha situado a España como el país más avanzado del mundo en materia de protección radiológica”, explica Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española del Reciclaje. García-Franco explica que “cuando se da la situación de que no se gestiona de manera adecuada una fuente radiactiva, son las empresas del sector recuperador, fundidor y siderúrgico las que, en defensa de los intereses generales, asumen la obligación de gestionarla”.

De cualquier manera, la seguridad en la administración de los residuos radiactivos no impide que haya un cierto rechazo social. Desde el sector, opinan que hay una solución: “Es la transparencia y el conocimiento. La sociedad tiene que conocer todos los pros y los contras de la utilización de la radioactividad. Todo el mundo debe ser consciente de los beneficios que genera su uso y de los perjuicios. No hay duda de que la falta de conocimiento sobre la radioactividad genera alarma en las personas”, concluye García-Franco.

DE UN VISTAZO

 

Un residuo radiactivo es cualquier material de desecho para el que no está previsto ningún uso y que contiene niveles de radiactividad superiores a los reflejados en la legislación.
El Fondo para el plan general de Residuos Radiactivos financia las inversiones y actividades propias de la gestión de desechos y, con el excedente, se hace frente a los costes futuros de la gestión. Cuenta con 2.191 millones.
La principal fuente de alarma social y rechazo de la energía nuclear es el desconocimiento de la radiactividad, usos y gestión de residuos. España es el país más avanzado en materia de protección radiológica.
En matera de seguridad, el principal objetivo al tratar los desechos radiactivos es proteger a las personas y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones.

Formación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Conseguir que el incremento de la temperatura del planeta no supere los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales. Ese es el límite marcado por los científicos para evitar impactos dramáticos derivados del calentamiento global. Para ello habría que mantener la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en 450 partes por millón. Si no, la temperatura podría dispararse por encima de ese nivel de seguridad.
 
FUENTE | ABC Periódico Electrónico S.A.  23/10/2009 
 

 
 

Y eso es lo que ha querido simular el Gobierno británico en un mapa que ilustra las repercusiones que una subida de 4ºC en la temperatura puede tener para el planeta. Es lo que podría pasar si no se logra en la cumbre de diciembre en Copenhague un acuerdo para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera a un nivel seguro.

A poco más de 40 días para que comience esa cumbre, el mapa ha sido desarrollado usando la información y análisis científico más actualizado del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica británica y por otros científicos de primer orden. Y lo que proporciona «es una prueba gráfica de la dramática transformación que nuestro mundo sufriría con un aumento medio de la temperatura de 4ºC. No deja duda alguna sobre la importancia de un resultado exitoso en las negociaciones de Copenhague», afirma el profesor Chris Rapley, director del Museo de Ciencias de Londres.

Según este mapa de impactos la subida del nivel del mar y las marejadas ciclónicas podrían suponer un peligro grave para la población y los bienes materiales en los Países Bajos y algunas zonas del sudeste del Reino Unido; es posible que algo más de 3.000 millones de personas -de una población mundial de 7.500 millones- viva en zonas con una disponibilidad de agua per cápita limitada (menos de 1.000 metros cúbicos por persona al año); y los días más calurosos del año en toda Europa podrían aumentar su temperatura en hasta 8ºC con respecto a las cotas actuales.

Son sólo algunos ejemplos que «muestran la importancia de lo que está en juego en Copenhague. Los científicos del Reino Unido han ayudado a ilustrar los efectos catastróficos que resultarán si el mundo fracasa en establecer el límite del incremento de la temperatura en 2 grados», aseguró Ed Miliband, ministro de Energía y para el Cambio Climático de Reino Unido.

El mapa cuenta con una versión online que proporciona una herramienta interactiva, permitiendo al usuario fijarse en algunos de los impactos, datos geográficos y el acceso a más información sobre la datos científicos que han contribuido a la creación del mapa.

Autor:   Araceli Acosta

Formación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

El autoconsumo fotovoltaico se produce al consumir electricidad generada mediante paneles solares propios, sin  necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Esta situación carece de un marco legal apropiado en España, solo recientemente se  han tomado algunas medidas para regularlo. La normativa existente actualmente permite la instalación de paneles solares para autoconsumo fotovoltaico, pero deja muchas incógnitas sin contestar, y no permite el balance neto.

Pabellón de la Universidad Politécnica de Madrid en la Feria Internacional de Solar Decathlon. Foto: Jeff Kubina (Flickr)

El balance neto es un sistema para gestionar el autoconsumo fotovoltaico que ya funciona con éxito en otros países del mundo y que consiste en verter a la red eléctrica la energía generada y no consumida por el cliente. Esta energía es contabilizada y en momentos de no generación puede ser utilizada por el cliente sin coste adicional. La ventaja del balance neto respecto a la situación actual es que las instalaciones de generación amparadas por balance neto no necesitan la instalación de baterías de apoyo y por tanto resultan más sencillas de instalar, ocupan menos espacio y son mucho más baratas.

De hecho el Real Decreto 1666/2011 que regula parcialmente el autoconsumo fotovoltaico establece que el sistema de balance neto se regulará mediante una nueva normativa que debía publicarse en Abril de 2012. Pasada ya de largo esta fecha todavía no se ha publicado ninguna normativa para regular el balance neto. Esta es otra de las pruebas de la inseguridad jurídica que se vive en España en relación con las energías renovables. La regulación adecuada del balance neto supondría un impulso para el sector de las energías renovables y especialmente para la fotovoltaica que podría ser instalada masivamente para autoconsumo.

Las grandes compañías eléctricas no están apoyando la puesta en funcionamiento de una normativa específica de balance neto ya que supondría una minoración de sus ingresos debido a que los clientes podrían utilizar toda la energía generada por sus paneles fotovoltaicos. A finales de 2011, el Ministerio preparó un borrador de normativa para el balance neto, en el que se fijan algunas de las principales características que debe tener, pero que todavía no ha sido aprobado y en el que algunos temas importantes como los costes asociados al servicio no han sido definidos. Esto puede hacer que la normativa sea un éxito o un fracaso y todo depende además de lo que informen las compañías eléctricas al respecto de este borrador de balance neto.

El autoconsumo fotovoltaico y el balance neto son dos medidas que de utilizarse adecuadamente podrían ayudar a reducir la dependencia energética de España del exterior, supondrían una reducción del coste global de la electricidad (al haber mayor disponibilidad de energía en el sistema) y solucionarían algunos de los problemas energéticos de este país. Eso sí, para todo ello se necesita la voluntad de los políticos y el “permiso” del actual oligopolio eléctrico establecido por las grandes compañías eléctricas.

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